martes, 4 de marzo de 2014

Ciudad juzgada






Bogotá se ha convertido en un inmenso consultorio jurídico. Desde hace seis años la capital se dedica al derecho administrativo, disciplinario y penal. Recuerdo el tiempo en que se discutían proyectos, hoy solo se habla de proyectos de fallo, de sentencias en ciernes y posibles impedimentos por los primos o hermanos de magistrados que trabajan bajo el logo de Bogotá Humana o bajo la mirilla de la Procuraduría. La capital se puede cubrir desde Paloquemao, se pasó de las oportunidades a los principios de oportunidad y los ciudadanos celebran la condena a Rojas Birry o rabian por la casa por cárcel a Hipólito Moreno. Los electores intentan defender sus derechos con tutelas y cuando la maraña legalista llega a los cuatro altos tribunales del país es necesario pasar al derecho internacional. Las últimas dos administraciones han hecho una gran contribución a la cultura jurídica del país: ahora sabemos cómo funciona el código único disciplinario y todo el mundo puede desmenuzar el cohecho impropio, ya podemos diferenciar entre la Comisión y Corte Interamericana y los ciudadanos piensan en medidas cautelares para enfrentar una multa de tránsito.  Antes se discutía la conveniencia de los proyectos, hoy solo se habla de los términos de la licitación y las inconveniencias de los anticipos.
Hubo un tiempo en que Bogotá marcaba la pauta en urbanismo, movilidad, educación pública y cultura ciudadana. La gente preguntaba si valía la pena sembrar bolardos, si los colegios por concesión eran enseñanza con más inteligencia que pliegos, si los parquímetros eran abuso o regulación, si los mimos en la calle eran simple payasada, si Transmilenio era un ejemplo a seguir y si las ciclorutas eran una especie apta para estas tierras. Pero la corrupción y los arrebatos ideológicos por encima de la lógica lograron desempolvar el gusto leguleyo, la fascinación por los códigos y la letra menuda. Están muy lejos los tiempos en que la ciudad del Águila Negra tenía además de la Real Audiencia los tribunales de la Santa Cruzada, de Tributos y Azogues, de Bienes de Difuntos, de Papel Sellado, de Diezmos y más. Oidores, síndicos, procuradores, alguaciles, escribanos y pregoneros movían con sus decisiones sobre lo divino y lo humano la vida de la aldea que se pretendía ciudad letrada. Con un aire más deslucido, la simple corbata en vez de la golilla, un almuerzo corriente entre un magistrado y un directivo del acueducto, los acuerdos privados entre fiscales y acusados, Bogotá vuelve a vivir bajo el triste imperio de eso que llamamos la ley.
Como ejemplo de ese tránsito tortuoso entre oficinas públicas y juzgados nada mejor que lo que ha pasado en un parque que recuerda la liberación de los sellos y las minutas de España. Las obras del Parque de la Independencia llevan más de dos años paralizadas, debían terminarse en 2010 para acompañar una celebración y lucir un nuevo nombre: Parque Bicentenario. El invento de Samuel Moreno chocó con los vecinos y el Ministerio de Cultura y muy pronto todo estaba en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se pasó entonces de los arquitectos a los jueces. Llegar a los tribunales para resolver los conflictos es supuestamente un signo de civilidad; pero llevar todas las decisiones de una ciudad al filtro de los juzgados y considerar esa balanza simbólica como instancia privilegiada, es una clara señal de atrofia política y administrativa.



5 comentarios:

Unknown dijo...

Muy buena y muy cierta. Infortunadamente es nuestro voto lo que convierte a un ladrón en político.

Unknown dijo...

Muy buena y muy cierta. Infortunadamente es nuestro voto lo que convierte a un ladrón en político.

paula andrea Vega dijo...

La discusión de proyectos queda en un ejercicio académico, expertos en leyes y no en propuestas. Razones destructivas y cuestionamientos, siempre prevenidos sobre lo que puede pasar antes de la conveniencia del proyecto para la ciudad.

paula andrea Vega dijo...

La discusión de proyectos queda en un ejercicio académico, expertos en leyes y no en propuestas. Razones destructivas y cuestionamientos, siempre prevenidos sobre lo que puede pasar antes de la conveniencia del proyecto para la ciudad.

Anónimo dijo...

Queda siempre el mal sabor, pues se interpreta la ley para proteger intereses particulares olvidando el daño que se le hace al interes común con estas decisiones.