La democracia en
la forma de un botín jugoso y transitorio será siempre una amenaza. No importa
que el ofrecimiento sea una especie de condecoración, una medalla inútil y
fugaz. La novedad y la escasez ambiente puede dar lugar a una rapiña
desconocida por el honor que está en juego. La subasta de unas sillas
parlamentarias en pueblos acostumbrados a levantar la mano durante meses para
lograr una mirada, puede convertirse en una lucha con más riesgos y promesas
que ventajas. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz fueron
pensadas para dar representatividad a municipios en zonas de conflicto que
nunca han tenido quién alegue por ellos. Las 16 zonas agrupan, según el
proyecto gubernamental, 167 municipios en 19 departamentos, y elegirán un representante
a la Cámara por cada circunscripción para los periodos 2018-2022 y 2022-2026.
Las alertas han
comenzado a sonar desde la Fiscalía y la Misión de Observación Electoral (MOE).
Ahora la pregunta es si sería preferible la acostumbrada carencia de representantes
a obtener una especie de sobre representación que atraerá nuevos actores
electorales e ilegales, y podrá exacerbar los muchos conflictos políticos y
sociales existentes. Sin duda las regiones ganarán en ruido, pero no es seguro
que lleguen las nueces. Un poco menos de 2’700.000 electores serán los
encargados de escoger a los 16 Representantes a la Cámara en municipios que
siempre hemos oído asociados a la coca (tienen el 56% del total de hectáreas en
Colombia), a la minería ilegal (participan del 40% de ese mercado ilegal en el
país), a la presencia del ELN (está en 59 municipios de esos municipios) y al
dominio de Bandas Criminales Organizadas (actúan en 50 de ellos). Sin olvidar que
son zonas donde las Farc tuvo presencia histórica y donde sin duda intentará
tener influencia en la política que se inaugura. Los cabildos indígenas, los
consejos afro, los grupos significativos de ciudadanos, las organizaciones
sociales tendrán el riesgo de convertirse en franquicia de intereses de siempre
(el partido Liberal fue el más votado en la mitad de esas circunscripciones en
las elecciones a la Cámara de 2014) o en parapeto de organizaciones armadas o a
medio armar.
¿Cómo se ganarán
esas elecciones en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo, en Urabá, en el
Nordeste de Antioquia, en los Montes de María, en los fortines cocaleros de
Nariño, Putumayo y Guaviare? Los municipios con menos Estado y con la
democracia más precaria y más influenciada por los poderes armados tendrán una
de las grandes responsabilidades luego de la desmovilización de las Farc.
Algunos municipios donde una tercera parte de los mayores de edad no tienen
cédula y otros donde hay un puesto de votación por cada 2000 kilómetros
cuadrados. Los datos más preocupantes entregados por la MOE hablan de la
violencia social y política. Entre enero de 2016 y abril de 2017 se presentaron
56 homicidios, 69 amenazas, 30 atentados, 3 secuestros y 2 desapariciones
relacionadas con violencia contra los liderazgos sociales y comunitarios en los
167 municipios señalados, más de una tercera parte de los hechos similares en
todo el país.
Al menos
esperamos que desde las ciudades y el gobierno central haya más atención sobre
ese explosivo laboratorio político, y que la amenaza latente de armas y política
no nos haga recordar viejas tragedias frente a nuevas esperanzas.
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