Siete meses después de posesionarse en su primer periodo presidencial, en agosto de 2017, el presidente Trump soltó la amenaza directa contra el gobierno de Nicolás Maduro: “Tenemos muchas opciones respecto a Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesaria". Hablaba en medio de sus vacaciones en un campo de golf en New Jersey, fastidiado por las ocupaciones extras que entregaba el régimen venezolano: “Tenemos tropas desplegadas por todo el mundo en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos…” Marco Rubio, desde el senado, era la voz más fuerte contra Maduro. Pero Venezuela seguía vendiendo casi 800.000 barriles diarios al mercado gringo y las sanciones no aparecían. En 2019, durante una conferencia de prensa para anunciar, ahora sí, las sanciones a PDVSA, el asesor de seguridad John Bolton, dejó ver en su block de notas una línea inquietante: “5.000 militares a Colombia”. En 2020 Estados Unidos envió Buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros para realizar tareas de “vigilancia” cerca a aguas de Venezuela. El departamento de justicia acababa de acusar de narcotraficantes a Maduro, Diosdado y Padrino.
Siete meses después de llegar por segunda vez a la Casa Blanca, en el agosto que corre, Trump envía 4.000 marines cerca de las costas venezolanas. Ante las preguntas por esos movimientos navales la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, repitió el guion escrito en 2017: “El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Esta administración considera que Maduro no es un presidente legítimo. Es un fugitivo, jefe de ese cártel…” Dos semanas antes Trump había autorizado a Chevron para reanudar sus operaciones petroleras en Venezuela.
Ocho años después las escenas se repiten. A diferencia de lo que pasó en 2017, América Latina no ha salido en bloque a condenar la posible agresión. En ese momento el grupo de Lima, con 11 países de la región más Canadá, condenaron al régimen de Maduro por ilegitimo y por representar una amenaza para la democracia y la paz, pero al mismo tiempo descartaron la idea de una intervención gringa: “La transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”. Ahora Petro, Lula y Sheinbaum han declarado el rechazo a una posible intervención de Estados Unidos. Los demás han optado por el silencio e incluso el apoyo directo a la oportunidad de ir un paso más allá de la intimidación.
Setenta años después del golpe dirigido por Estados Unidos para sacar a Jacobo Arbens de Guatemala, la república bananera de United Fruit Company, más de cincuenta años después del golpe a Allende ambientado por Kissinger y Nixon, contra la opinión de su propio de Departamento de Seguridad, cuarenta años después del escándalo de Irán-Contras por las armas entregadas para atizar la guerra civil en Nicaragua, cincuenta años después del impulso gringo a la Operación Cóndor ejecutada por las dictaduras del cono sur para matar disidentes exilados, casi treinta años después de la captura de Noriega y las muertes de cientos de civiles en el barrio El Chorrillo, parece que muchos políticos, periodistas y una buena parte de la opinión pública están excitados con un posible manotazo de Trump. En nuestro país, Vicky Dávila, candidata presidencial, pidió a los marines que aprovechen y se den una pasadita por Colombia. Ahora parece que muchos apoyan la frase de Kissinger como Secretario de Estado de Nixon hablando del asesinato selectivo de disidentes en el marco de la operación Cóndor: “Si hay cosas que deben hacerse, deberían hacerlas rápido”.