


Si bien me acuerdo estoy dentro del 2.3% de colombianos que reconoció haber consumido marihuana durante el último año. La cifra la entregó un informe realizado por el gobierno nacional y la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. El ministro del Interior fue el encargado de pronunciar las sombrías advertencias: “Estamos muy mal y vamos por un camino tenebroso”. El gobierno de Álvaro Uribe está empeñado en mostrar una especie de epidemia social referida al consumo de drogas, todo con el fin de ganar una batalla moral y política que ha perdido durante el transcurso de sus casi siete años de gobierno. Cuando ni el Congreso ni el fiscal ni la Corte Constitucional ni buena parte de los expertos en el tema apoya la penalización de la dosis mínima, no queda más que acudir a la histeria y la severidad populista.
El periódico El Colombiano que hace unos meses había escrito un sensato editorial donde reconocía que la penalización no era el camino para resolver el problema de adicción y tráfico, ha vuelto a su postura habitual de la mano de los espantosos sofismas del gobierno. Se trata sobre todo de satanizar a los consumidores, de presentarlos como una plaga en aumento, una horda de zombies que camina impunemente por los alrededores de los colegios. El editorial llega a decir, con desconocimiento o intención de confundir, que en Colombia está legalizada la venta de una dosis mínima cosa que facilita el trabajo de los jíbaros. Nada más falso. La venta de un bareto común y silvestre es suficiente para procesar a un vendedor por tráfico de estupefacientes según el código penal. Y cualquier policía con más de seis meses en la calle sabe diferenciar a un jíbaro de un consumidor.
Sobre nuestra supuesta epidemia será bueno decir que según el último estudio de consumo de drogas ilegales en Sur América, Colombia ocupa un lugar intermedio en la tabla de clasificación. Por encima de Ecuador y Perú y por debajo de Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay. Además, los datos del más reciente estudio, correspondientes al 2008, no son muy diferentes de los datos del 2006. En los últimos dos años las cifras se han mantenido estables. Sobre la irresponsabilidad que significa permitir el porte de una dosis mínima y al mismo tiempo condenar el tráfico internacional, es bueno recordarle al gobierno colombiano que España, Reino Unido, los Países Bajos, Portugal, Alemania y Dinamarca han tomado medidas, legislativas o judiciales, para tratar el consumo de marihuana sin acudir al código penal. Colombia no es una anomalía en el tratamiento de los consumidores, por el contrario, sigue la regla de los países que han entendido la diferencia entre el delincuente y el ciudadano, que equivocado o no, decide los mecanismos para ir destruyendo su cuerpo y distrayendo su mente. Unos prefieren la adicción al trabajo y a otros nos gusta el olvido y la levedad inducida.
La pregunta de Cesar Gaviria es pertinente para un gobierno acostumbrado a responder con sermones: “En el último año, en Colombia, han consumido drogas más de 500.000 personas y alguna vez en la vida han consumido 1’800.000. Yo le pregunto al presidente Uribe: ¿A cuál de los dos grupos es que quiere meter a la cárcel? ” Por mi parte me declaro culpable de dormir bajo el humo que desvela al presidente.