El Estado exhibe siempre, aunque sus funcionarios se vistan con chalecos
coloridos, llenos de bolsillos y cierres, un aura de celebridad y ceremonia. Llega
entre expectativas y rechiflas, pone el marco de sus condiciones en la forma de
un manual incompresible y fija unas metas casi siempre alegres. Algunos
abogados, algunos malandros, algunos burócratas se ofrecen como traductores de
las instrucciones públicas. Intermediarios, usurpadores, calanchines. Lo usual
es que la realidad esté unos pasos adelante y el Estado se defienda con su
manual como escudo mientras intenta hacerse una idea de los problemas sobre el
terreno. El escepticismo es el mejor consejero frente a sus intervenciones bien
sean de palabra o de obra. Los diagnósticos y los juicios diarios tienden a
darle a los gobiernos más posibilidades de las que realmente tienen. Las
oficinas públicas son, en el mejor de los casos, agencias de soluciones a
medias.
La llegada del Estado con sus buenas intenciones, su ingenuidad y sus
límites implica siempre la aparición de nuevos problemas para arreglar viejos
problemas. Algunos ejemplos. La alcaldía de Medellín piensa construir un “Cinturón
Verde” en las laderas de la ciudad para marcar un límite al crecimiento urbano
en zonas de riesgo y de reserva ambiental. Los simples censos en la montaña han
abierto el apetito de quienes tienen dominio armado en los bordes de la ciudad. Los combos han comenzado
a interesarse en los ranchos y el precio de los desfiladeros ahora está en las
planillas del municipio. En el barrio Villatina ya se comienza a hablar de
desplazamientos y lo que en principio requería una sola oficina ahora tiene en
acción a la policía, la secretaría de seguridad, la unidad municipal de
atención a las víctimas. Para muchos el “Cinturón Verde” será solo un punto de
apoyo para que el crecimiento avance hacia la cima mientras los “administradores”
de todos los días, los que censan sin chalecos, consolidan el dominio sobre los
miradores de Medellín.
El ejemplo se repite con los Presupuestos Participativos que alentaron el
fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones comunitarias.
La idea era quitarle protagonismo a los intermediarios políticos y que la gente
pudiera decidir de manera directa sobre inversiones en sus comunas. Pero el
veneno de la realidad es inevitable y muy pronto los pillos estaban jugando a
las intrigas y al liderazgo social para conseguir rentas y manejar obras. El
programa se ha defendido con pies y manos pero el blindaje frente a los
ilegales no es completo. En el plano nacional las Consultas Previas a las
comunidades indígenas y afros han convertido lo que era una garantía a las
minorías en una especie de mecanismo de extorsión. Las comunidades indígenas
comienzan a multiplicarse y en muchos casos las discusiones sobre efectos
sociales y ambientales se han convertido en pequeñas guerras electorales y
presupuestales. Llevar una segunda línea eléctrica a Buenaventura, por ejemplo,
ha sido imposible por ese forcejeo absurdo. Ni qué decir de lo que pasó en
Porce IV donde la construcción de un proyecto hidroeléctrico acabó creando un
pueblo a orillas del sitio donde se levantaría la presa.
Tal vez los efectos de las regalías sobre los municipios productores sean
el ejemplo más claro de las perversidades que pueden arrastrar las oficinas
públicas. Las regalías han cambiado la forma de hacer política, han creado
castas burocráticas y empresas familiares de contratistas, pero los pueblos siguen
siendo más o menos iguales.
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